LOS MENORES EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO.
Otra población bastante vulnerable ante el conflicto armado son la infantil y la adolescente.
A algunos de sus representantes los han hecho caminar por senderos estrechos, en medio de la oscuridad, para obligarlos finalmente a ponerse a un lado del camino, agarrados de la mano y dispararles al corazón, como ha ocurrido en Filadelfia, Caldas a manos de los paramilitares. Pero otros han sido víctimas de la FARC, como ha sido el caso allá al sur, en el Putumayo, después de que los pequeños han visto incendiadas sus casas, simplemente como represalia ante la negativa de los chicos a reclutarse voluntariamente en el grupo guerrillero.
En Casanare se han oído disparos, en zonas acordonadas por el Ejército, donde han sido acribillados otros muchachos y sus padres, por haber sido testigos de ejecuciones extrajudiciales a manos de la XVI Brigada de las tropas oficiales.
Vemos pues como todas las partes implicadas en el conflicto se convierten en agentes violentos inmisericordes con la infancia y la juventud.
Guerrilleros y paramilitares siguen reclutándolos como combatientes, de tal manera que en Colombia se calcula que en nuestro país hay entre ocho mil y trece mil niños y niñas enganchados en esos grupos, por militarismo de extrema derecha o extrema izquierda, víctimas de la radicalización del conflicto, con un promedio de edad para el reclutamiento de 13 años.
Recuerdo una joven que me contaba que allá en algún poblado del verdísimo sur del país, en la selva ardiente, los chicos salieron alegres en un caluroso día a bañarse en los charcos de un río, cuando la guerrilla los acordonó para reclutar forzosamente a los mayorcitos y soltar a los menorcitos, que dejaron marcharse a casa, para someter a los que se llevaban a una terrible formación, que yo dí en llamar formación deformante, que incluía terribles ritos de iniciación como la violación de pequeñas para que pudieran entregarse a cualquiera de los hombres, como si se trataran de Marías de los Guardias, el famoso personaje de alguna ranchera mexicana, tatuajes, o la enseñanza de la práctica del homicidio bajo el efecto de tranquilizantes del tipo de las benzodiazepinas; pero se ha hablado aún de reclutamiento de chiquillos, quienes apenas contaban con siete años de edad. Muchos se han incorporado, voluntariamente, entre comillas, movidos por la pobreza y la miseria o niñas seducidas por los agentes violentos mismos.
Esta práctica ha llevado a que muchas familias huyan para prevenir la tragedia de que sus hijos corran con estos destinos o amenazados por haber intentado oponerse a que se llevaran sus vástagos.
Por ello, a habido ONG’s que han tenido que tomar bajo protección niños y jóvenes entre los nueve y los quince años después de que las guerrillas intentaran reclutarlos, como un caso paradigmático de las inclemencias que tienen que sufrir pequeños y adolescentes en el medio colombiano.
A una niña de trece años le dicen que se vaya a la guerrilla para que coja un bonito cuerpo e ilusionada con ese espejismo narcisista, de un bello cuerpo como ideal para ella, las niñas se dejan llevar por la invitación. Otro mozalbete declaraba:
- A uno le dicen tantas cosas… le prometen tantas cosas que uno hasta se lo piensa.
Hay madres que explican:
- Ya se llevaron a una de mis hijas… se la acabaron de llevar y no quiero lo mismo para mis otros hijos. El papá nos había abandonado hace tiempo y ahora que se enteró, está muy bravo por lo que pasó, pero yo no pude hacer nada. Eso fue de un momento a otro; no supe cómo pasó sino que me enteré cuando ya se la habían llevado. ¡Quién sabe si la podré volver a verla algún día.
Y estas familias algunas se desplazan pero allá en la lejanía y, a donde llegan, el camino de regreso pareciera cerrárseles pues no saben lo que pasaría si volvieran a su terruño.
Los guerrilleros reclutan menores de uno en uno o en grupos relativamente pequeños, en cualquier momento, en las zonas rurales.
Sin embargo, alguna vez me tocó atender a un adolescente que había sido reclutado por los paramilitares, a pleno sol del mediodía y en pleno parque Bolívar de Medellín, a dónde emisarios de don Berna fueron a reclutar gamines para luego ser desinsertados de súbito, por acuerdos de desmovilización con una indemnización ínfima y un tremendo daño psicológico, ya que el jovencito alucinaba fragmentos corporales, que había ayudado a partir con moto-sierras, a la manera que Lady Macbeth alucinaba la sangre que tenía en sus manos, en uno de esos procesos que yo llamo la formación deformante de una violencia tecnificada.
Y a nivel estadístico Amnistía Internacional en su informe Déjennos en paz corrobora esos datos cuando señala que entre el 2007 y el 2008 ha habido numerosos informes sobre reclutamientos a gran escala, perpetrados por paramilitares en ciudades importantes en Medellín, Bogotá y Cartagena, así como los ha habido en el Putumayo por parte de grupos guerrilleros que reclutaban a menores en la escuela o en sus alrededores, mientras grupos paramilitares y bandas de delincuentes comunes reclutaban niñas en esos mismos centros para obligarlas a la prostitución. ¿En qué país vivimos?
Por ello, muchos centros educativos no han tenido más remedio que instalar comedores y dormitorios para estudiantes con el fin de protegerlos.
Las Fuerzas de Seguridad no reclutan oficialmente menores como combatientes pero los utilizan como informantes para determinar lugares de emplazamiento de grupos guerrilleros o identificar simpatizantes o colaboracionistas, muchas veces seducidos con dulces, golosinas, dinero o amenazas. El Ejército también se aprovecha de desertores de la guerrilla para identificar a sus militantes o admiradores de ella.
Se relata el caso de unos chicos a los que la soldadesca les dijo que al cabo de unos días, un grupo guerrillero que operaba en la zona bombardearía y mataría a sus familias, que si preferían morir en medio del fuego o avisar a las autoridades, lo cual atemorizó tanto a los pequeños que se convirtieron en informantes de cualquier actividad sospechosa, luego las autoridades les entregaron teléfonos móviles para que se comunicaran con ellas y si daban información y certificaban sobre alguno que fuera aprisionado, les daban 20.000 pesos, unos diez dólares. Alguna vez que uno de los niños no pudo responder a una solicitud de información, por encontrarse en un lugar lleno de gente, un miembro de la guerrilla que lo había estado observando le quitó el télefono de sus manos, lo hizo pedazos y amenazó con matarlo pero otro guerrillero le dijo que más bien huyera de la zona, consejo que el muchacho siguió; ese fue el precio que hubo de pagar simplemente por satisfacer el deseo de tener un teléfono móvil y algún dinero para sus cosas.
Todo esto ocurre pese a que el Ministerio de Defensa ha emitidos directivas tendientes a la prohibición de que las Fuerzas de Serguridad utilicen a menores con el fin de obtener información, en especial, a menores rescatados de grupos armados ilegales, pero se ha hecho caso omiso de esas directivas.
Así, la Defensoría del Pueblo informó de un niño caucano, desmovilizado de las FARC que fue usado por la Brigada XXIX como informante en una operación y luego, cuando el joven tenía diecinueve años apareció muerto en combate con las FARC, con lo que se violan los principios de París.
Otro caso sucedió en Urrau, Chocó, cuando el Ejército Nacional obligó a dos niños de ocho y once años en el 2007, un mes después de dada la directiva de prohibir el uso de niños como informantes, que obligó a estos pequeños a transportar material bélico o a muchos de ellos en Bebedó, en el mismo departamento, el Ejército les proporcionaba alimentos a cambio de que se ocuparan de la limpieza y el mantenimientos de sus armas. Son violaciones, que la Defensoría del Pueblo continúa denunciando, ante el hecho de que muchos niños son retenidos en comisarías de policía, batallones del Ejército o locales de policía judicial por períodos no autorizados.
En agosto del 2007, unos soldados del Ejército colombiano detuvieron a dos niños de siete y diez años de San José de Apartadó, en los alrededores de la cabecera municipal para preguntarles si les gustaría tener un fusil como el suyo e incorporarse a las Fuerzas Armadas, ante la negativa de los niños que dijeron que ellos preferían hacer parte de la comunidad, los soldados los acusaron de ser guerrilleros y los amenazaron.
Todas estas arbitrariedades no dejan de producir una gran preocupación.
Además se sabe que la Fuerza Aérea Colombiana ha puesto en marcha un proyecto denominado Grupo Juvenil Halcones en el que participan unos setenta menores con edades entre los ocho y dieciséis años, a quienes se les entregan insignias y uniformes militares, con lo cual no se vulnera el Derecho Internacional Humanitario in stricto sensu pero pone a los menores y a sus familias en riesgo de sufrir represalias de parte de los guerrilleros o de ser atacados cuando los pequeños se encuentran dentro de las instalaciones de la Fuerza Aérea.
Grupos guerrilleros y paramilitares han vulnerado el Derecho a la Educación en varias ocasiones, al ubicar como puestos de combates a escuelas situadas en zonas rurales aún cuando las escuelas no interrumpen la actividad docente, además por el hecho de que la guerrilla mine campos alrededor de las escuelas, que antes habían sido previamente ocupadas por el ejército, de tal suerte que las minas explosivas antipersonales se convierten en un tremendo obstáculo para acceder a los establecimientos escolares.
Dichos artefactos también han sido puestos por la guerrilla en centros urbanos como Arauquita, en el parque principal, en el estadio o en la orilla del río Arauca, en subestaciones de energía eléctrica, cerca de las escuelas, con lo que se ha generado pánico entre la población, en especial la estudiantil.
Así, ninguna de las partes del conflicto armado ha tomado precauciones para proteger a la población civil como exige el Derecho Internacional Humanitario.
En Vichada, por ejemplo, niños que jugaban a orillas del río Uva, vieron llegar cuatro lanchas motorizadas con tropas del Batallón Fluvial de Infantería 52. Los chiquillos aterrorizados huyeron a la selva, mientras abandonaban la canoa en la que jugaban y las tropas dispararon por el lugar donde vieron a huir los niños, generando gran pánico entre ellos, quienes tuvieron que esconderse.
Fotografía de Jesús Abad Colorado
En un ataque indiscriminado, perpetrado por el Ejército colombiano desde helicópteros, en febrero del 2007 en la reserva indígena de Honduras, en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca, resultó dañado el comedor de la escuela.
Convenciones internacionales prohíben el reclutamiento de menores de dieciocho años como combatientes en actividades militares, su uso como informantes tanto para el transporte de municiones como de alimentos, lo cual para el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pasa a ser un crimen de guerra.
Además el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza el Derecho a la educación, ante lo cual los Estados deben garantizar el acceso a las escuelas y su seguridad, lo cual hace parte también del Derecho Internacional Humanitario y del Protocolo II de los Convenios de Ginebra.
En el 2008, el Gobierno colombiano aceptó el mecanismo de supervisión y presentación de informes previsto por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los niños en conflictos armados pero formuló reservas sobre su aplicación a los actos de violencia sexual.
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